En el día de ayer, miércoles 13 de abril, se realizó la quinta reunión entre los representantes de Nación y la Ciudad, de acuerdo a la orden de la Corte para que las partes lleguen a un acuerdo. Les otorgó un plazo para que intenten acordar, este vence el 26 de abril. Después de esa fecha, resolverá la Corte.
Por la Nación, estaban presentes Silvina Batakis, secretaria de Provincias y por la Ciudad, el jefe de Gabinete del GCBA, Felipe Miguel y el ministro de Hacienda, Martín Mura. En el encuentro del miércoles 6, los representantes de la Nación habían presentado una propuesta. En la misma se establecía que, la Nación financiaría a la Policía Porteña, fijando el monto, la forma de aplicarla, y el sistema de actualización. Sería de un 80% por el índice salarial y el restante 20%, por la inflación.
Además, no sería aportado por los fondos de coparticipación. No alcanzaron todavía, el acuerdo sobre la cifra que se maneja. El reclamo de la Ciudad ante la Justicia, se originó por la quita de fondos participables, que se les habían otorgado durante del gobierno de Macri. Estos se establecieron para acompañar al traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad. Esos fondos estaban destinados a sostener a esa repartición. La respuesta de la Ciudad se manifiesta en las diferencias con la cifra ofrecida.
De los dos lados mantuvieron en reserva la mención de las cifras. Desde el ministerio del Interior, trascendió la siguiente definición al respecto: «El problema mayor es que quieren financiar toda la seguridad porteña y no solamente lo que cuesta la Federal”. Por la Ciudad, las versiones que se manejan, apuntan a que en Nación están utilizando datos erróneos. Imaginan que solamente están considerando los gastos por salarios de los policías. Cuya cantidad, además, es mayor a la que están mencionando desde el Ejecutivo.
Tampoco tienen en cuenta, al resto los costos restantes de una fuerza de esa dimensión y responsabilidad. Este es el relato aproximado de los que van surgiendo de los trascendidos, emanados desde fuentes cercanas a las dos partes. En resumen, se puede deducir que no han cerrado aún el acuerdo. Pero están demostrando de que hay una intención de consensuar alguna definición en común.
Por lo menos ya no se discute sobre si la Nación se hace cargo o no de la financiación de la Policía. Tampoco hay diferencias con el método y la actualización. La cuestión es en los montos. Aún restan dos reuniones y se verá si en ese tiempo pueden acercar a las partes y encontrar una decisión conjunta. Existe un consenso para pedir una prórroga a la Corte.
