La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad este martes, 12 recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para anular el juicio en la causa en la que está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de defraudar al Estado al direccionar obras públicas en beneficio de Lázaro Báez.
La Corte sostuvo que las decisiones cuestionadas por la defensa de Cristina no son sentencias definitivas o asimilables. Que son los únicos casos donde interviene el máximo tribunal. Los principales planteos presentados por el abogado de la vicepresidenta, Alberto Beraldi, fueron tres: la vicepresidente, se quejó de que se omitió producir pruebas en el juicio oral; que no debieron haber intervenido los jueces de la Sala IV de la Casación sino los de la Sala I, que ya habían resuelto en el caso Hotesur; y que parte de estos hechos ya fueron analizados por la justicia de Santa Cruz, que entendió que no había delito, por lo que no puede ahora ser juzgada por los mismos hechos.
¿Qué argumentó la Corte?
Cristina Kirchner reclamó que no se produjo la prueba que reclamaba. La defensa solicitó que se realizaran peritajes y otras medidas. La Corte sostuvo que la defensa de Cristina no había logrado mostrar que la sentencia fuera equiparable a definitiva. Aclararon que rechazar la producción de determinadas pruebas no ponía fin a la causa ni impedía su prosecución hasta el fallo final, que podría serle favorable y dejar sin base su agravio. El tribunal destacó además que tenía competencia únicamente para revisar sentencias definitivas o asimilables.
«El hecho de que se trate de un juicio que involucre a una alta funcionaria pública nacional no cambia el funcionamiento de las instituciones. La gravedad institucional no se relaciona con la influencia, popularidad o importancia de las personas que son parte del pleito», indicó la Corte. Respecto al segundo punto de la demanda, los jueces de la Corte rechazaron las objeciones de la vicepresidenta con respecto a la intervención de los jueces de la Sala IV de la Casación con el argumento de que, en realidad, debía intervenir la Sala I porque había ya arbitrado en una causa conexa, conocida como “Hotesur”.
La Corte sostuvo que la sentencia cuestionada tampoco era definitiva ni equiparable y que no se verificaba una violación a la garantía de juez natural. La Corte agregó que la defensa no había logrado demostrar cómo la intervención de la Sala IV sería un intento de constituir una “comisión especial” para juzgar a la vicepresidenta, prohibidas por la Constitución.
El tercer planteo sostenía que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 eran incompetentes y que parte de estos hechos ya habían sido juzgados en Santa Cruz, donde la justicia federal sobreseyó el caso por inexistencia de delito, por lo que ahora no se puede juzgar a Cristina Kirchner por eso mismos hechos. La Corte rechazó todos los planteos por falta de fundamentación. Afirmó que Cristina Kirchner no rebatió ni siquiera mínimamente los argumentos del tribunal oral.
Dijo la Corte que no se realizó “una descripción prolija y suficiente” de los antecedentes de la causa de modo que la Corte tuviera elementos para decidir. Agregó que hay “una imputación concreta contra funcionarios nacionales”, no ya como partícipes de maniobras destinadas a defraudar a Santa Cruz, “sino por su presunta participación en un plan delictivo encaminado a perjudicar directamente a las rentas de la Nación” y por eso la competencia local.
Repercusiones
Por parte de la UCR, el líder parlamentario Mario Negri dijo que “la Corte rechazó todos los planteos de los abogados de Cristina Kirchner para frenar el juicio por la corrupción en la obra pública y seguramente recrudecerán los ataques del kirchnerismo contra el máximo tribunal”. Y cerró: la República nos exige templanza y estar bien alertas”.
Desde el kirchnerismo, Beraldi, el abogado principal de la enjuiciada declaró a un canal oficialista que «la Corte está profundamente deteriorada en su funcionamiento y carece de toda credibilidad». «Desde la época de la mayoría automática del menemismo, la Corte nunca tuvo un nivel de deterioro similar al que tiene ahora. Esto se tiene que remediar. No puede continuar así, porque la Argentina necesita una Corte independiente que imparta sus sentencias, acorde a la ley y no a la conveniencia política de cada momento», completó.