El gobierno de Alberto Fernández, se alineó una vez más con el régimen de Nicolás Maduro al abstenerse en la votación que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela. A pesar de la falta de apoyo de la Argentina, el proyecto de resolución fue aprobado con el respaldo de 19 países contra 5 que votaron en contra y 23 abstenciones.
El representante argentino hizo equilibrio entre las posturas más nítidas: «La Argentina ha decidido abstener en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados. Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no puede mejorar los DDHH del pueblo venezolano», argumentó el funcionario Sebastián Rosales durante su intervención.
En la misma línea, aclaró: «La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Resulta imprescindible que este Consejo acompañe el proceso que permita que el pueblo venezolano recupere la convivencia pacífica y democrática para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible».
¿Cómo fue la votación?
Estados Unidos, el Reino Unidos, Japón, Francia, Alemania, Polonia, Finlandia, Corea del Sur y Ucrania votaron en favor de la comisión investigadora mientras que China y Eritrea denegaron su apoyo. Durante el debate en Ginebra, América Latina votó partida: tanto Brasil como Paraguay apoyaron la prórroga, y Bolivia, Cuba y Venezuela se alinearon con la dictadura mientras que la Argentina junto a México y Honduras se abstuvieron, lo mismo que países como Libia, Pakistán y Malasia. Por lo tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años la Misión para investigar y supervisar la situación en el país gobernado por el régimen chavista.
En otro pasaje de su exposición, Rosales planteó: «Desde un inicio mi país ha apoyado el diagnóstico y trabajo realizado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país, que indican claramente que existen desafíos para lograr el pleno respeto de los derechos humanos en Venezuela; pero que también es el diálogo y la cooperación con todos los actores del gobierno y de la sociedad civil venezolanas, el único camino para lograr que estos desafíos sean enfrentados adecuadamente y que el estado venezolano cumpla con todas sus obligaciones internacionales».
Asimismo, subrayó que fue «el diálogo y la cooperación» lo que permitió «registrar el mejoramiento de las condiciones de detención y la reanudación de las visitas de familiares, la disolución oficial de las FAES y la autorización para establecer una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Caracas».
Duras críticas de la oposición
El ex presidente Mauricio Macri cuestionó la decisión oficial al afirmar que los «argentinos de bien» sienten «vergüenza por este Gobierno», al tiempo que pidió perdón a los ciudadanos del país caribeño: «Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país», sostuvo el líder del PRO.
En tanto la Unión Cívica Radical declaró que «La Argentina con este voto en abstención, pierde aún más credibilidad y prestigio internacional en una materia que no debiera reconocer tendencias ideológicas, presidiendo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas». Por último, la UCR afirmó que «la situación de la violación de los Derechos Humanos en dicho país, tal como lo expresó en su informe la ex alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, constituyen delitos de Lesa Humanidad».
