Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel, en perjuicio del Estado. Es por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a «instituciones de bien público».
«El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados», fulminó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”, expresó. En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”.
Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral. De todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados. Con relación al ya condenado y arrestado Báez, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión. Por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta.
En tanto, para Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad) solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlos autores del delito de asociación ilícita. La fiscalía también pidió 6 años para Mauricio Colladera y Raúl Daruich, ambos de la Dirección Nacional de Vialidad del distrito de Santa Cruz y la misma pena para Juan Carlos Villafañe, de la repartición provincial.
Solicitaron, además, 4 años para Abel Fatala-de origen partidario frepasista- quien se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas. 5 años para Raúl Pavesi, otro ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP). Y 4 años para José Raúl Santibáñez, que era presidente del directorio del mismo organismo.
Para Héctor Garro, ex presidente de la dirección de Vialidad Provincial, los fiscales reclamaron la pena de 3 años y de 2 años para Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal. Los funcionarios judiciales también demandaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso de $5.321 millones, monto en el que -según estimó su par Mola- se defraudó al Estado.
Además, pidieron que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que -de acuerdo con su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular, a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado. Solicitaron, a su vez, que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de López. Donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, hijo de Cristina y actual presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
Antes de que el fiscal Luciani-nombrado en su cargo en 2013 por su ahora acusada-, anuncie el pedido de penas, expresó que no encontraba «un solo atenuante» debido a la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió, supuestamente, la vicepresidenta. En un alegato que ha sido comparado con el de Julio Strassera en el juicio a las Juntas Militares de la última dictadura, Luciani cerró su alegato casi en tono político, condenando la corrupción y asegurando que si se hubiera evitado la trama delictiva que le reprocha al ex matrimonio presidencial, «los sectores más vulnerables» tendrían una calidad de vida mejor.
Repercusiones
En un clima político enrarecido la oposición salió a defender el pedido fiscal: la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de Twitter: «No hay golpe de puño, amenaza e insulto de la vicepresidenta que tuerza el valor que tiene la Justicia independiente para los argentinos». Otro dirigente del espacio opositor que se manifestó fue el diputado Martín Tetaz: «12 años. Será Justicia».
