En un clima político altamente enrarecido por el desconocimiento del Gobierno Nacional del fallo de la Corte Suprema respecto a los fondos porteños, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió en conferencia de prensa este jueves que la decisión del presidente Alberto Fernández significa «quebrar el orden constitucional», algo que consideró como un hecho de «altísima gravedad institucional».
«El Presidente de la Nación tomó la decisión de no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia y decidió presentar una recusación contra todos los jueces de la Corte para evitar que participen del proceso. Esto no es en contra de la Ciudad: es en contra de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica en nuestro país, es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo», sostuvo el mandatario porteño.
«¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley? Esto supera todos los límites imaginables», cuestionó Rodríguez Larreta.
«El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un Presidente no cumpliendo un fallo de la Corte», agregó el alcalde.
Además, anticipó que presentará una denuncia contra los funcionarios que no acaten la orden judicial del máximo tribunal y ratificó su compromiso de eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito una vez que reciba los fondos en cuestión; al respecto el oficialismo de la Legislatura porteño no alcanzó la mayoría calificada (40 votos sobre 60) para derogar ese tributo.
Voces del oficialismo nacional
La gobernadora de Santa Cruz y ex funcionaria de la dictadura militar Alicia Kirchner declaró que “yo no tengo nada contra los habitantes de Buenos Aires, lo único que pido para el país es que haya mayor equidad”. “Nosotros presentamos reclamos por los fondos soja, por ejemplo. Los reembolsos por los puertos patagónicos son años que estamos pidiendo por una cautelar que se resuelva y sigue estando en la Corte, y un tema como el de ayer se resolvió en tiempo récord”, manifestó la mandataria santacruceña sobre los tiempos que suele tener el Máximo Tribunal.
Mientras que el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli afirmó hoy que “la Corte Suprema de Justicia que parece de la dictadura militar”, al hacer referencia a los fallos últimos, que emitió, y consideró que está «dispuesta a gobernar y llevarse por encima los poderes del Estado», sin mencionar que hasta el dictador Jorge Rafael Videla tuvo que acatar el fallo en el que los cortesanos de su dictadura ordenaron liberar al prisionero político Jacobo Timerman en 1978.
Denuncia penal contra el Presidente
El conflicto institucional ya se judicializó: la ex diputada Elisa Carrió presentó hoy una denuncia penal contra Alberto Fernández y tres miembros de su gabinete. Es por no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional debe devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La denuncia también apunta al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; al jefe de Gabinete, Juan Manzur; y al ministro de Economía, Sergio Massa. Los acusan de los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El escrito lleva las firmas del presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro; el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López; y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad, Paula Oliveto y Mariana Zuvic. A su vez, firmaron los legisladores porteños de la CC, Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucia Romano, junto al presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.
La denuncia continúa diciendo que “resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”.
“Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones”, agrega la demanda. Además de Fernández y de los tres miembros del Gabinete, los representantes de la Coalición Cívica denunciaron al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Lo acusan de instigar al Presidente a alzarse en contra de la resolución dictada por la Corte Suprema.
