El Gobierno porteño superó un frente de tormenta político y sindical: La Jefatura de Gobierno y el Sindicato de Camioneros llegaron a un acuerdo por el cual los trabajadores de las grúas pasarán temporariamente a SBASE –la empresa que maneja el subte de la ciudad-hasta que se adjudique el servicio. Desde la gestión de Horacio Rodríguez Larreta adelantaron que se respetarán los convenios laborales vigentes, incluyendo salarios, adicionales y otros derechos laborales.
La pulseada con Camioneros, liderados por Pablo, el hijo mayor de Hugo y apodado en algunos círculos como “El salvaje”, escaló luego de que la Ciudad anunciara que se haría cargo del servicio de acarreo. Ocurrió, luego de que la oposición convocara a una sesión especial en la Legislatura para reclamar por la estatización del servicio que llevaba más de 20 años de prórrogas. Reñidas con la legalidad. El llamado tuvo el apoyo de la Coalición Cívica, que al sumarse a todos los bloques opositores le hubiera dado la mayoría al proyecto.
Este frente opositor obligó a Horacio Rodríguez Larreta a tomar una decisión rápida para evitar una derrota en el parlamento porteño. Sin embargo, tras el anuncio de la estatización, el muy cuestionado Pablo Moyano entró en escena para reclamar por las condiciones de sus afiliados. Corrió el rumor de que el conflicto podría escalar hasta un paro de recolectores de residuos. La próxima medida iba a ser una marcha a la Legislatura, pero finalmente no hubo sesión.
Las negociaciones continuaron y el acuerdo prevé que AUSA tome la operación de las playas de acarreo y los 350 trabajadores pasen temporariamente a SBASE. «Se van a respetar todos los términos y convenios existentes para proteger las fuentes laborales», explicaron desde la Ciudad. Los empleados cobrarán una indemnización dividida en dos partes: la que corresponde a los años de servicio en las concesionarias, sumada a la que corresponda por los meses trabajados en la órbita estatal.
El servicio pasará al Gobierno porteño desde mediados de mes hasta que sea aprobada la nueva licitación. Por el momento la Ciudad realiza un inventario para determinar el estado de los bienes de Dakota y BRD, las empresas vinculadas a Carlos Grosso que prestaron el servicio durante los últimos 30 años y que estaban pagando un canon absurdamente bajo de $55000 cada una.
El gobierno niega irregularidades
Desde el Gobierno porteño sostienen que no hay ningún negociado y que la cuestión se complejizó al judicializarse. Los funcionarios de Larreta rememoraron, «a fines de 2013, la ley Nª 4.888 aprobó el pliego para una nueva licitación. En agosto de 2014 se hizo el llamado para la licitación de Operación de Estacionamiento Medido y grúas, que llevaría el sistema a más barrios de la capital. Pero, en septiembre de 2014, se presentó un amparo contra la ley 4.888, y, aunque los procesos licitatorios siguieron, en septiembre de 2015 una cautelar frenó todo». De allí en más se sucedieron un camino de más cautelares y frenos judiciales, hasta que en noviembre de 2020 se aprobó la ley 6.353/20, que separa los servicios de estacionamiento medido y acarreo.
