Este martes, 3 de mayo, a través de un grupo de diputados del PRO, presentaron, nuevamente, en la Cámara Baja, el proyecto de «Ficha Limpia». Encabezados por Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, vuelven a encarar una propuesta que, reiteradamente, no fue tenida en cuenta en el Parlamento.

Es una normativa que va dirigida a impedir a cualquier persona, que tenga alguna condena penal en segunda instancia, impartida por un Tribunal, por delitos dolosos graves, presentarse a una candidatura a cargos de elección popular. En la instancia que sea, tanto en las primarias como en las generales. El contenido de la propuesta, contempla que, no estará en condiciones de presentarse para esos cargos hasta que se cumpla la pena o el revocamiento de la misma, por la Justicia.

El debate de este tema de «Ficha Limpia» en Diputados, consecutivamente no alcanzó avanzar para su tratamiento. Varias veces, desde Juntos por el Cambio, se impulsó la propuesta y no se consiguió que sea tenida en cuenta. Por diversas razones como falta de quorum o no lograr el número de aprobación para incluirlo en el temario. En ese sentido, Silvia Lospennato, manifestó que, desde el año 2016, se ha intentado avanzar con ese proyecto y todavía no se ha conformado la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados, para estar en condiciones de debatirlo y emitir un dictamen.

Lo detalla con estos conceptos, la norma es para aquellos: «que tengan una condena confirmada en segunda instancia no puedan acceder a un cargo electivo. No estamos pidiendo mucho, es una vara bastante baja». El objetivo es de suma importancia para elevar el nivel de transparencia, al impedir que accedan a cargos electivos los candidatos con condenas por hechos de corrupción.

Cristian Ritondo, se expresó con estas palabras, sobre la importancia de esta propuesta de ley que persigue el objetivo de: «hacer más transparente la democracia, para que aquellos condenados no tengan espacio en las listas». También se pronunció sobre el particular, el diputado por el PRO, Pablo Tonelli, detallando los alcances de la norma que: «no viola el principio de inocencia. Hoy hay que esperar que haya sentencia firme, lo que suele pasar en 20 o 25 años después».