El gobierno nacional busca aprobar lo más rápido posible la denominada ley ómnibus. El presidente Milei presiona a los gobernadores con restituir el Impuesto a las Ganancias (que es coparticipable con las provincias) solo si se aprueba la citada ley.

Un funcionario muy allegado al mandatario afirmó: “No se trata de un chantaje, es parte de la negociación política. Sería naif darles esa ayuda antes de que salga lo otro”, dijo, con tranquilidad, un funcionario del círculo del Ejecutivo. Hace diez días, en la reunión que le organizó el ministro del Interior, Guillermo Francos, con todos los gobernadores, el primer mandatario se había comprometido a revertir el tributo coparticipable, recortado durante la campaña electoral de Sergio Massa.

Al momento, este proyecto no entró en el temario de las sesiones extraordinarias (donde solo se tratan proyectos del Ejecutivo). Es decir, usará Ganancias como prenda de negociación. Según afirmaron legisladores de la oposición no peronista, el proyecto tardaría en ser aprobado unos 3 o 4 meses. Un colaborador de Milei reaccionó diciendo que: “Estamos en emergencia, no hay ningún tipo de posibilidad”.

Y amenazó con recurrir a otros instrumentos, como un nuevo DNU o un plebiscito, sino pasa la aprobación del Congreso. Un oficialismo dispuesto a negociar. En el entorno del primer mandatario explican que sus ambiciones en el Congreso están planteadas “a todo o nada”, y que sólo están dispuestos a introducir modificaciones “menores”. Por ejemplo, en la redacción del articulado del proyecto de ley sobre el manejo de los recursos energéticos, que puso en alarma a las provincias petroleras.

Pero los grandes temas, como los tributarios, jubilatorios, y sobre privatizaciones, entre otros, no son negociables. Y se muestran optimistas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos para alcanzar la mayoría simple, negociaciones mediante. Sin embargo, muy por lo bajo admiten que los temas que requieren mayoría especial, como la ambiciosa reforma política, serán más complicados de pasar, y admiten que quizá deban sacrificarlos.

Y dejaron la puerta abierta a reconfigurar los temas que afectan a los sindicatos. Algunos gobernadores peronistas también estarían dispuestos a negociar: En Balcarce 50 aseguran que no todos los gobernadores del PJ que se sumaron al pataleo están fuera de sus cálculos. “Hay muchos que nos llaman y nos aclaran que están de acuerdo con abrir la economía, porque lo necesitan para explotar sus recursos y desarrollarse. Pero tienen que responder a sus fuerzas políticas. Veremos qué terminan haciendo” afirmaron en Casa Rosada.

Puntos centrales de la mega ley

La «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos«, conocida como Ley Ómnibus y elevada por el Gobierno al Congreso Nacional para su tratamiento, tiene 644 artículos que modifican, derogan y agregan leyes sobre diversos temas, algunos de ellos son: Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por un máximo de dos años. Delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia. Se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente la semana pasada.

Se pide autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam. Se suspende la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto.

 Por Fernando Larocca