Fueron confirmados los convenios realizados con Naciones Unidas. Por medio de los cuales, se han obtenidos acuerdos por $20 mil millones. Serán destinados a satisfacer las demandas de la población en situación de vulnerabilidad. Se implementará un nuevo sistema de distribución directa de los alimentos, sin intermediarios.

De esta manera se pondrá fin a la “cartelización” para llegar de manera segura a cubrir las necesidades de las personas en situación crítica. Directamente, desde las áreas de gobierno que correspondan con lo cual se asegura una distribución adecuada y el Estado ahorrará los fondos que “quedaban en el camino”. Se trata de una disposición de dinero, desde la firma de dos convenios con Naciones Unidas, por un monto de 20 mil millones de pesos.

Uno de ellos es aportado por el (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) PNUD ARG 20/004 y el otro con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Este logro permite al estado, racionalizar los gastos destinados a aliviar la crisis alimentaria por la que está pasando la población vulnerable, como consecuencia de los manejos equivocados del Estado, en el sistema de ad ministración de la Economía.

Se eliminan los intermediarios que estaban corporizados en dirigentes sociales y piqueteros. Se empleaban métodos inseguros de control para la forma de realizar las compras de los productos a distribuir. El actual Gobierno, se compromete a dotar a todo el proceso del desarrollo de la operación para proveer de los alimentos a los necesitados, de la suficiente transparencia.

Con controles e información de todos los pasos que se van dando para cumplir con el objetivo. Tanto en el proceso administrativo, como en  la entrega de los productos a los sectores más necesitados. Ahora se puede saber exactamente qué pasa con cada bolso de comida que se reparte. Como datos informativos, para conocer la gravedad de lo que estaba sucediendo, por la manera que se manejaba esta operación en la anterior administración

De ese tema se encargó, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien realizóuna auditoría interna. De la misma se desprenden cifras de sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y falta de trazabilidad en el destino de los alimentos que salían de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social hacia las organizaciones sociales.

La mayoría de esas acciones – un 80% de ellas -no fueron informadas debidamente. Lo cual, no asegura que no se haya entregado a sus destinatarios, lo que indica es la falta de transparencia en el proceso del manejo de tanto dinero. También la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pudo encontrar muchas falencias en la falta de información transparente y certera, en la distribución de los alimentos.

A partir de ahora, la comunicación de todo el proceso que se inicia con la compra de los alimentos, hasta la entrega a los destinatarios, se pueden visualizar a través de los informes oficiales en, diarios, portales web, radio y televisión. También en los portales web del Proyecto, de amplia difusión y consulta, lo que asegura una extensa difusión. Ya nada se “terceriza” por medio de intermediarios. Las personas vulnerables se aseguran la provisión de alimentos y el Estado, cumple con el deber de asistirlos, mientras ahorra los “costos adicionales de la tercerización”.

Por Francisco Grillo