El final de 2022 no dio tregua a los ciudadanos de nuestro país. La tensión política se hizo sentir hasta este jueves y mostró palmariamente las políticas erráticas de la administración de Alberto Fernández con respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia. La que restituyó fondos a CABA. Primero repudió el fallo, luego dijo que iba a pagar con bonos, más tarde envió al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini a la Justicia.
Con la intención de recusar a los integrantes del máximo tribunal y rechazar el pago de la sentencia, y por último, a instancias del Ministro Sergio Massa, anunció una suba de impuestos nacionales para cumplir con la misma.
Larreta, al ataque
En tanto el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta volvió a acudir a los Tribunales para rechazar el pago en bonos del Tesoro: “El bono es incompatible por su propia naturaleza con la forma de distribución de los fondos coparticipables que participa de los caracteres de automaticidad e inmediatez”, sostiene la Ciudad. “Un bono es un instrumento financiero de deuda, por lo que el Estado Nacional, con la disposición adoptada, no está cumpliendo la medida cautelar”, advirtió la CABA, mediante un escrito firmado por el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa.
El gobierno nacional pretende cumplir con el fallo que ordena incrementar del 1,4 al 2,95 por ciento los fondos coparticipables de la Ciudad con bonos TX31, emitidos en pesos ajustados por CER 2,50 por ciento y con vencimiento el 30 de noviembre de 2031. Pero la Ciudad sostiene que esa medida “no importa el cumplimiento de la medida cautelar”, por lo que manifestó su “expresa oposición a la forma impuesta por la contraparte por violentar la manda judicial y desatender el fin último por el que fue dispuesta”.
“Se mantiene el incumplimiento a lo ordenado la Corte Suprema, pues la transferencia efectuada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha continuado siendo por un monto en pesos equivalente al 1,40% y no el 2,95% dispuesto en la sentencia”, advirtió el nuevo escrito. “El porcentaje que el Banco de la Nación Argentina está obligado a transferir es un flujo diario de acuerdo al porcentual establecido en la medida cautelar de fondos coparticipables que automáticamente deben ser trasladados a esta jurisdicción en pesos, con los mismos mecanismos mediante los cuales se deposita el 1,40 hasta el día de la fecha y tal como se deposita a las restantes jurisdicciones del país”, añadió la Ciudad.
En ese contexto, consideró que “el bono es incompatible por su propia naturaleza con la forma de distribución de los fondos coparticipables que participa de los caracteres de automaticidad e inmediatez”. “No es una deuda para que pueda ser reemplazada por bonos en tanto se trata de obligaciones futuras”, especificó el escrito.
“Otra vez, de manera unilateral e inconsulta el Estado Nacional resuelve en contra del federalismo y de la división de poderes violentando los principios que sustentan la ley de coparticipación federal de impuestos”, concluyó Astarloa.
Carrió no se arredra
La Coalición Cívica (CC), liderada por Elisa Carrió, anunció que la denuncia contra el presidente Alberto Fernández y los principales miembros del Gabinete también incluirá al ex convicto Carlos Zannini, ante “los hechos de extrema gravedad institucional” tendientes a “desobedecer e incumplir” el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad.
“Las dos presentaciones judiciales efectuadas por el Procurador del Tesoro de la Nación evidencian una notoria ignorancia del derecho vigente y un alzamiento de manera flagrante y directa contra la cabeza de uno de los poderes del gobierno federal”, expresó la CC en un comunicado, donde añadieron en la presentación ante la Justicia al Subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Pedro Diez.
En ese sentido, desde la CC afirmaron que “dichas presentaciones judiciales terminan de demostrar que estamos frente a un plan organizado por el Presidente de la Nación y los ministros referidos para alzarse contra la Corte Suprema y, así atentar contra la división de poderes —que, como es sabido, es el pilar esencial sobre el cual se construye el sistema republicano de gobierno— y el orden constitucional”. La estrategia del Gobierno Nacional -planificada o no-, le permitió ganar tiempo: el retorno de la Corte Suprema en pleno a sus tareas en febrero tras la feria de verano tal vez termine definitivamente con este entuerto.