La ley de Alquileres del año 2020 impulsada por el Gobierno anterior está agotada en la práctica. Fue aprobada en su momento por el consenso de los distintos espacios. Incluso sancionada por el Senado en junio de 2020, por la actual gestión de Alberto Fernández.
Resultó impracticable tanto para los propietarios como para los inquilinos. Ha generado una disminución de la oferta y la demanda. No beneficia ni a los unos como a los otros. Hay un consenso para reformarla o cambiarla según surja del análisis que se hará de ella en el momento de tratarla en el Congreso. Por el momento, lo que se propone es suspender por 180 días su aplicación, hasta que se tome la decisión de los cambios a realizar. Esta medida se tomará mediante un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández o que salga por ley.
Mientras dure ese lapso de tiempo, la situación de los contratos firmados por los inquilinos, permanecerá de acuerdo la Ley que rige actualmente. Los que deban renovarse o los nuevos, serán elaborados de acuerdo a la ley anterior a esta última. Así se supone, transcurrirá el lapso que dure la elaboración de las modificaciones. Hay acuerdo para tratar parlamentariamente todos los cambios necesarios. Estudiando y debatiendo las alternativas más viables para no perjudicar a ninguno de los sectores involucrados. Así lo expresó Sergio Massa, quién está proponiendo la suspensión: “En el gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó. La Ley de Alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios, terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”.
Es una ley que perjudica a los propietarios y a los inquilinos. La base de los conflictos generados por esta normativa está sustentada en algunos puntos que no son posibles de ejecutar, en el consenso de la situación inflacionaria que se vive en el país. Lo que produce es una falta de oferta y la suba de los valores por encima de la inflación, lo cual no beneficia a nadie. Podemos mencionar algunos temas, que están cuestionados, como los que exponemos a continuación:
El plazo de los contratos: La duración de tres años es imposible de manejar en el contexto económico inestable que padece la sociedad. Se estima volver a los dos años de extensión y eso podrá tranquilizar a inquilinos y propietarios.
El coeficiente de ajuste: La actual ley prevé un solo aumento anual acorde al índice establecido por el Banco Central (BCRA). En este caso, los inquilinos prefieren un ajuste relacionado con el Coeficiente de Variación Salarial (CVU). Los propietarios van por la variación semestral, contemplando a una mezcla, entre los índices del salario y de la inflación, o según se pacte entre ambas partes.
Registro de los nuevos contratos ante la AFIP: Debería analizarse si esta obligación se puedo implementar o no.
Las garantías: Enla ley que está rigiendo, esta previstas una serie de alternativas comocomo recibos de sueldo, seguros de caución, garantía de fianza y aval bancario. En este tema los propietarios reclaman al regreso a exigir como aval, únicamente las garantías propietarias. Un cambio que no beneficiaría a los inquilinos.
En el sentido de todas estas circunstancias que han resultado imposibles de llevar a la práctica, así se expresó Sergio Massa: «Tenemos también que discutir una nueva Ley de Alquileres, que le dé certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tiene a lo largo y a lo ancho del país. Obviamente, el nuevo texto requiere un amplio nivel de consenso y tiene que ser debatido en comisión”. No será fácil lograrlo, pero es un hecho que, en estas condiciones, es imposible continuar.