20 de julio de 2024
Villas Once
Economía

Rodríguez Larreta acusó al Gobierno de enviar patotas para controlar los precios                                                                                               

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó este lunes la intervención del Sindicato de Camioneros y de la organización social de Barrios de Pie en los controles de precios. Lo hizo a través de una publicación en redes sociales, junto a un video en el que se ve a un grupo de afiliados, que responden a Pablo Moyano, recorriendo el predio de una reconocida cadena de hipermercados.

“El gobierno nacional manda al sindicato de Camioneros y a militantes de Barrios de Pie, a patotear centros de distribución para ‘controlar precios’. Una decisión ilegal, que no sirve para nada y que es lo opuesto a lo que necesitamos los argentinos”, expresó el alcalde. En la misma línea, aseguró que se trata de un acto ilegal, dado que “el Estado no puede usar a los sindicatos ni a los piqueteros para controlar”.

“No tienen nada que hacer ahí, si el Estado quiere controlar algo tiene que ocuparse por sí mismo, no puede delegar esa tarea“, subrayó el jefe de Gobierno porteño, y agregó: “Pero, además, no sirve para nada. No sé cuántas veces van a intentar apretar para controlar precios antes de convencerse de que no funciona. La inflación se resuelve con medidas planificadas que ataquen el problema”.

El aspirante presidencial de Juntos por el Cambio, respaldó al sector privado al sostener que “quienes trabajan y producen necesitan que les saquen la pata de encima y los dejen trabajar, no que les manden patotas a apretarlos poniendo a argentinos contra argentinos”. “Que el gobierno se dedique a gobernar y deje a los argentinos trabajar”, concluyó Larreta.

Apoyo de El Salvaje

Pablo Moyano, líder del gremio camionero e integrante del triunvirato de la CGT defendió la movida oficial: en declaraciones radiales dijo que el Gobierno “nos pidió ir a los centros de distribución de los supermercados a certificar” y afirmó que los empresarios “se encanutan la mercadería”. El dirigente repudió las denuncias que puntualizaron sobre Alejandro Borda, un integrante del gremio que lidera la parte logística y fue sindicado como “fuerza de choque” del sindicato.

“Han salido a decir barbaridades, tratando a nuestro compañero Borda casi como si fuera el hijo de Bin Laden, después (Patricia) Bullrich acostumbrada siempre a hablar de las mafias. Todos diciendo que íbamos a ir a los centros de distribución de los grandes supermercados con palos y fierros porque no cumplen con los precios“, lanzó Moyano.

El hijo de Hugo explicó la metodología con la que se intenta bajar la inflación: “Van inspectores de la Secretaría de Comercio, los muchachos nuestros atienden, muestran la mercadería y ellos controlan o multan. Nosotros colaboramos para que ellos certifiquen que la mercadería llegue a los mercados”.

Denuncias en sede judicial contra funcionarios y sindicalistas

También por redes sociales, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió anunció que sumará una nueva demanda penal contra el oficialismo, por los delitos de incumplimiento de funcionarios público, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos: para Carrió, la participación de los gremialistas conducidos por Pablo Moyano, en el seguimiento de los índices de los productos, es similar a la función de grupos parapoliciales. Además, apuntó contra el Frente de Todos por estar “quebrando el estado de derecho, incitando a la violencia”. La demanda ataca a la cúspide del poder: Alberto Fernández, Sergio Massa y Matías Tombolini.

Pero Carrió no será la exclusiva denunciante: Fundación Apolo, por medio de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Patiño, presentó una denuncia penal, en este caso contra el Secretario de Comercio de la Nación, Tombolini, por incumplir los deberes de funcionario público; y contra el líder de la Rama Logística del Sindicato de Camioneros, Oscar Borda, y demás integrantes del gremio, al entender que estarían “usurpando funciones públicas” en el marco de las fiscalizaciones de precios por el programa “Precios Justos”.

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