20 de julio de 2024
Villas Once
País

Dieron a conocer los fundamentos del fallo contra Cristina Kirchner y otros acusados

El Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer este jueves los fundamentos del fallo que condenó por corrupción la vicepresidenta Cristina Kirchner, y a otra docena de imputados en la causa conocida como Vialidad.

El documento suministrado por el Tribunal es de 1600 páginas se da a conocer más de 3 meses después que la actual vicepresidenta recibiera su primera condena por delitos cometidos desde la función pública. Describe de manera minuciosa y con fuertes adjetivos, lo que los jueces dan por probado a lo largo de un juicio, que se extendió durante tres años. En diciembre pasado los magistrados distribuyeron una suerte de adelanto de fundamentos.

En ese resumen, colocaron a Cristina Kirchner como la principal responsable y beneficiaria de un sistema de corrupción que consistió en adjudicar 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, cuyo patrimonio creció en forma exponencial a la sombra de esas irregularidades. “Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”, determinaron los magistrados.

Algunos párrafos del fallo

Para los jueces hay evidencias de “la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes” En los tramos más contundentes, los jueces afirman que “Nos encontramos en condiciones de afirmar que Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, José Francisco López y Lázaro Antonio Báez planificaron, decidieron y ejecutaron el abandono de las obras adjudicadas a las empresas del Grupo Báez”.

Destacaron que “Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner eran los verdaderos beneficiarios del fraude objeto de este proceso”. Respecto de lo que los fiscales llamaron el plan “limpiar todo”, los jueces se refirieron a una supuesta reunión ocurrida en los últimos días de noviembre de 2015 entre Cristina Kirchner y Báez, que fue negada por la defensa a cargo de Carlos Beraldi.

Sin embargo, afirmaron: “No quedan dudas de que Cristina Fernández de Kirchner se encontraba en la provincia de Santa Cruz aquel fin de semana largo (con el avión presidencial a su disposición) al menos desde el domingo 29 de noviembre”. Por mayoría de 2 a 1 los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu entienden que no existió una asociación ilícita porque los hechos investigados no cuadran en esa figura penal porque no existió “pluralidad de planes delictivos indeterminados” y también en lo que hace “a la cantidad de personas que habrían integrado la organización”.

Mientras que Andes Basso dio por probado ese delito al señalar que “La asociación ilícita atribuida por la acusación, y que en este caso daré por probada, se montó a los fines de apropiarse ilegítimamente de fondos públicos y uno de los métodos implementados -el que interesa y el pleno del tribunal ha dado por probado con certeza apodíctica- fue a través de la obra vial financiada con fondos del Tesoro Nacional y ejecutada en la provincia de Santa Cruz”.

Repercusiones

Inmediatamente de conocida la resolución judicial el oficialismo salió a militar la impunidad de su jefa: por caso el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau afirmó que los fundamentos dados a conocer este jueves son “un paso más en una parodia de juicio llevada adelante por un tribunal que no es imparcial” y afirmó que la condena en la causa Vialidad forma parte de “un plan sistemático de persecución política”.

Mientras que el diputado nacional de la UCR Mario Negri por redes sociales destacó el decomiso que había ordenado el tribunal en diciembre pasado al condenar a la ex mandataria: “84.835 millones de pesos. Justicia o corrupción”. A partir de hoy, tanto los fiscales como los abogados de la defensa tendrán 10 días hábiles para apellar el fallo, que será revisado por una sala de la Cámara Federal de Casación.

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